A casi cinco años de la intervención de la cooperativa Credicoop por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), más de 140 000 ahorristas continúan sin recuperar sus depósitos. El drama social se profundiza, pues varios exsocios pasaron de tener estabilidad económica a sobrevivir en condiciones de extrema precariedad y limitaciones.

La presidenta de la Asociación de Ahorristas Afectados de Credicoop del Perú (Asacreda), Glenda Revilla Huaranga, advirtió que en este tiempo se registraron fallecimientos y casos extremos de personas que cayeron en la mendicidad. Esta el caso de un trabajador que ahorró casi S/100 000 durante su labor en la mina, pero ahora pide dinero en el puente del terminal terrestre en el Avelino Cáceres.

También se reportaron casos críticos como el de un adulto mayor que fue hallado desvanecido en la avenida Independencia (Cercado) tras varios días sin alimentarse, en medio de protestas para exigir la devolución de su dinero. Así como una excompañera que ahora pide limosnas en el mercado San Camilo para sustentarse.

AFECTADOS. Según el padrón en el Poder Judicial, fueron más de 142 000 los ahorristas afectados, incluyendo un grupo reducido que depositó montos superiores a S/1 000 000 y más de mil personas con ahorros mayores a los S/100 000. A la fecha no se termina por liquidar las más de 20 propiedades que tiene la Coopac a su registro.

En el plano económico, la deuda total supera los S/479 millones, mientras que los activos recuperados no alcanzarían ni los S/100 millones. A esto se suma que ya se gastó cerca de S/30 millones la SBS de las cuentas de los ahorristas encontradas debido a gastos operativos y el pago de planillas a cerca de 11 trabajadores.

Respecto a los pagos, los ahorristas cuestionan los montos entregados hasta la fecha, los cuales consideran insuficientes frente a los depósitos realizados durante años. Recibieron cuatro pagos que en el mejor de los casos sumas S/2159, pero otros tambien recibieron S/10.

ESTADO LEGAL. En el ámbito penal, la investigación continúa sin resultados concretos. La carpeta fiscal que lo tenía la Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad en Lima fue trasladada en el 2025 nuevamente a Arequipa a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa, que realiza diligencias contra 17 investigados.

“No sabemos nada sobre las vidas de estas personas que nos hicieron tanto daño. Esperemos que las justicia se objetiva. Vemos que el Congreso y muchos políticos le tienen miedo a la SBS, de nada sirvió las reuniones donde participamos a exponer el problema”, acotó.