Sus 12 investigaciones fiscales no fueron suficiente para frenar un nuevo intento de llegar al Gobierno Regional de Arequipa para el candidato Elmer Cáceres Llica. Mientras el Poder Judicial sigue sin acreditar las imputaciones por el presunto ofrecimiento de dádivas a consejeros regionales denunciado por la exconsejera Chriss Díaz Montoya, el ahora candidato de Alianza para el Progreso vuelve a la contienda electoral.
El exalcalde de Caylloma figura como imputado en investigaciones por delitos que incluyen concusión, colusión con defraudación patrimonial al Estado, organización criminal, cohecho pasivo propio, negociación incompatible, abuso de autoridad, delitos contra la administración pública, violación de medidas sanitarias, etc.
RECIENTES. Entre los expedientes más relevantes aparece el caso n.° 01506015500-2021-000325, que desde el 3 de abril de 2023 permanece con investigación preparatoria formalizada por presuntos delitos contra la administración pública, organización criminal y cohecho pasivo propio.
A ello se suman procesos por concusión iniciados en 2017, 2022 y 2024, además de una investigación por negociación incompatible abierta en noviembre de 2022.
El registro también muestra dos denuncias pendientes por abuso de autoridad del 29 de junio de 2022 y el 19 de diciembre de 2019; una denuncia pendiente por violación de medidas sanitarias del 5 de octubre de 2023 y una investigación preliminar iniciada el 29 de septiembre de 2023 por demoras de una solicitud de garantías personales.
RESPUESTA. Pese a ese historial, el exgobernador sostiene públicamente que no lo dejaron gobernar y que solo permaneció un año y dos meses en el cargo.
No obstante, según información real su gestión se extendió a dos años y diez meses antes de su detención en el penal de Socabaya.
OBRAS DE SU GESTIÓN. Cáceres Llica también justificó la paralización de los principales proyectos de infraestructura hospitalaria y vial en su gestión.
Argumentó que las controversias contractuales que paralizaron los hospitales de Maritza Campos, Camaná, Cotahuasi y Chala se habrían resuelto si se le hubiera permitido culminar su mandato, pese a los procesos legales activos.
