El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Arequipa condenó a Nelson Carrillo Sullayme, agente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), por intentar ingresar 50 tarjetas micro SIM al penal de Socabaya. El fallo fue emitido por el juez Walter Marroquín Aranzamendi, luego de que el trabajador reconociera su responsabilidad y se acogiera a un proceso de terminación anticipada por el delito de ingreso indebido de equipos o sistemas de comunicación en un centro de reclusión.
El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 del 15 de septiembre de 2026, cuando el agente ingresó por la puerta principal del establecimiento penitenciario llevando una mochila. Durante la revisión de rutina, el personal detectó una costura irregular en la parte posterior del equipaje y descubrió un compartimento oculto donde había un sobre con 50 chips de telefonía móvil y tres fajos de dinero.
Tras el hallazgo, efectivos policiales procedieron al lacrado e incautación de las evidencias y detuvieron al trabajador. Las autoridades verificaron que las tarjetas correspondían a la empresa Entel y determinaron que varias se encontraban operativas. De acuerdo con la sentencia, “la mayoría presentaba cobertura” y 11 chips tenían saldo disponible para realizar llamadas, lo que acreditaba su utilidad para efectuar comunicaciones.
Durante la audiencia, Carrillo Sullayme “reconoció los cargos formulados por el Ministerio Público y su responsabilidad penal y civil”, tras lo cual la Fiscalía y su defensa alcanzaron un acuerdo de terminación anticipada. Este mecanismo permitió cerrar el proceso de manera rápida, luego de que el juez evaluara la legalidad del acuerdo y la aceptación de responsabilidad por parte del imputado.
La sentencia también ordenó el pago de S/ 25 mil de reparación civil a favor del Estado, de los cuales S/ 10 mil ya fueron abonados y los S/ 15 mil restantes deberán cancelarse dentro del plazo establecido. Además, el Poder Judicial dispuso que el condenado quede inhabilitado durante cinco años para ejercer cargos públicos, medida que le impide desempeñar funciones, empleos o comisiones dentro de entidades estatales durante ese periodo.
