El candidato al Senado por el partido Ahora Nación, Isaac Samuel Noa Supo, llega a la contienda electoral con antecedentes fiscales y observaciones administrativas que en la actualidad reavivan el debate sobre su trayectoria pública. Documentos oficiales revelan que su nombre apareció en diversas investigaciones penales en Arequipa.

Según registros del Ministerio Público, el postulante fue imputado en procesos por presuntos delitos como abuso de autoridad y usurpación en 2023, casos que figura como “impugnación resuelta”. Además, tuvo investigaciones por falsa declaración en procedimiento administrativo en 2018 y por desobediencia a la autoridad en 2021, ambas archivadas sin continuidad.

Si bien estas investigaciones no derivaron en sanciones ni procesos vigentes, el historial muestra que el ahora candidato tuvo cuestionamientos por delitos vinculados a la función pública y el orden público, lo que marca un antecedente relevante en medio de su aspiración al Senado, potencial puesto que tiene incidencia directa con el manejo estatal.

OTRO CASO. A ello se suma un informe de la Contraloría n.° 006-2017-2-0357 que le atribuye presunta responsabilidad administrativa por hechos ocurridos en 2015, cuando integró un comité especial en la Municipalidad Provincial de Caylloma. El proceso observado terminó con la adjudicación irregular a una empresa que no cumplía requisitos técnicos.

El órgano de control advirtió que su actuación habría vulnerado la Ley de Contrataciones del Estado y contribuido a un perjuicio económico de más de S/30 mil junto a otros exservidores. Aunque se trató de responsabilidad administrativa y no penal, estos antecedentes vuelven a tomar relevancia en el actual escenario electoral.

Este cuestionamiento fue en la obra “Servicio de mantenimiento del puente Sifon - Shininia - Urinsaya del distrito de Yanque, Caylloma - Arequipa”. En esa fecha, se recomendó poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Municipalidad Provincial de Caylloma, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados.