El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) recibe en promedio más de 120 quejas mensuales de diversos grupos sociales, según informó el jefe de la Oficina de Diálogo y Gobernanza, Marco Sipán Torres. Estas demandas provienen principalmente de sindicatos y beneficiarios de sectores como salud, transporte y educación; además de reclamos por retraso en bonificaciones o trámites documentarios.
A las quejas recurrentes se suma la existencia de 20 conflictos activos reportados en el último mes a la Oficina de Planeamiento. La mayoría de estos casos están relacionados con obras públicas inconclusas, demoras en la ejecución de proyectos y reducción de personal, así como la falta de sociabilización de la información en proyectos de la gestión de Rohel Sánchez Sánchez.
“Estamos recibiendo al día cerca de 4 a 5 grupos sociales que traen sus quejas donde la mayor incidencia es por temas de obras públicas, alcaldes que vienen a reclamar proyectos, demarcaciones o falta de pagos. El 100 % se atiende y se redirige a las áreas correspondientes, muchos se solucionan rápido y otras toman su tiempo”, detalló.
Sobre la problemática de las obras públicas, Sipán Torres detalló que si bien en la ejecución física se cuenta con la presencia de ingenieros, residentes y supervisores; estos no tendrían un contacto directo con la población a fin de informar de manera exacta la situación del proyecto ante cuestionamientos de plazos y afectaciones ambientales.
“Falta las relaciones comunitarias, ahora gracias a que esta área dejó de ser una unidad funcional para convertirse en una oficina, estamos trabajando para la creación de un observatorio junto con los municipios y la Prefectura, para así prevenir un conflicto o una queja de la población”, acotó.
MINERÍA. El funcionario indicó que el tema de conflictos mineros era una constante en el GRA hasta diciembre del 2024, luego esta administración pasó a manos del Ministerio de Energía y Minas reduciendo la carga de los gobiernos regionales. No obstante, de los 20 casos activos de conflicto, 2 refieren a la pequeña minería formal que heredada, el resto lo maneja el Ejecutivo.
“Ahí tenemos un tema con Inkabor sobre actos de relacionamientos y negociación con las comunidades por terrenos eriazos. Ahora venimos trabajando en mecanismos de coordinación con diferentes gerencias para responder con mayor rapidez a los reclamos ciudadanos”, sostuvo.
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