En un operativo inopinado de efectivos de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), que contó con la presencia de los consejeros regional, Miguel Ángel Linares y César Huamantuma se hallaron más de 15 patrulleros con logos de la Policía y el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), en dos talleres situados en Cerro Colorado y Mariano Melgar, estos vehículos pertenecen al consorcio Virgen de Chapi, quienes ya los equipaban pese a no existir vínculos contractuales.
Los integrantes del Consejo Regional de Arequipa (CRA) que se situaron en la intervención, coincidieron que dicha acto se asocia a un presunto direccionamiento en la compra de estos vehículos, ya que al no haber un documento que acredite el consentimiento del contrato con dicha empresa, esta no podría adelantar la compra y manipulación del producto en favor del GRA, ya que aún existe una posibilidad de caída en la entrega de la buena pro.
“Ellos ya equipan y preparan las 25 camionetas que pidió el GRA con sus especificaciones, pero que pasaría si el proceso se cae ante una denuncia o ante una irregularidad. Al parecer estarían seguros que se les acreditará el contrato o en su defecto no les importaría perder su dinero si cae la licitación”, sostuvo Linares.
Para Huamantuma el monto de venta sería muy exagerado, ya que cada camioneta sobrepasa una cotización de 60 mil dólares, mientras que el mercado cotiza el mismo producto en 30 mil dólares, sin equipamiento soliticitado por la Policía Nacional. Cabe indicar que los vehículos tenían como destino a más de 23 comisarías.
“El plazo de entrega era de 20 días, un temporalidad que nadie puede cumplirla, que raro que este consorcio si pretenda llegar, cuando lo normal es 60 días, según otras concesionarias. Por este tema muchos no se presentaron”, señaló.
RESPONDE GRA. En un comunicado del GRA se detalla que dicha compra no es irregular y consiguieron un precio por debajo del costo de mercado en S/6 125 000, donde cada vehículo puede llegar a costar hasta S/245 mil, incluyendo los gastos por administración, inspección y liquidación. Alegan que en el transcurso de los días se regularizará el contrato con la empresa beneficiada, la cual no atendió ni a los consejeros ni a la Policía durante la visita a sus locales.
Cabe indicar que personal del Ministerio Público también se dieron cita a la sede principal del GRA a fin de recolectar mayor información e iniciar investigación.
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