En el sur del país, Arequipa registra un incremento del 18 % en los casos de extorsión respecto al año anterior, un fenómeno que refleja la expansión del crimen organizado fuera de Lima y genera creciente preocupación en las autoridades locales. Las denuncias se han convertido en un termómetro de una realidad más compleja y violenta.
El secretario técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), coronel en retiro José Miguel Briones Silva, explicó que el aumento responde tanto a una mayor disposición ciudadana a denunciar como a una auténtica escalada delictiva. “Este crecimiento de las extorsiones acá en Arequipa se debe a dos cosas: la gente ya denuncia los casos de extorsión y el crecimiento de casos de extorsión”, señaló Briones Silva.
El exoficial también expuso la falta de recursos en las unidades de investigación criminal, afectadas por una distribución desigual del presupuesto. “El fortalecimiento que se necesita es casualmente al otro lado, a la División de Investigación Criminal, porque los que están en la pampa o en la calle aplicando la información, no tienen absolutamente nada”, remarcó, aludiendo a las carencias materiales que limitan la respuesta policial.
A nivel nacional, el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) reportó 18 385 denuncias por extorsión entre enero y agosto de 2025, lo que representa un aumento del 29.3 % frente al mismo periodo de 2024. Lima y Callao concentran los mayores incrementos, con subidas de 56.6 % y 48.1 %, respectivamente. Arequipa, Piura y Áncash también figuran entre las regiones con mayor crecimiento.
En el extremo opuesto, departamentos como Cajamarca, Amazonas y Ucayali registraron descensos, aunque el fenómeno se ha extendido hacia nuevas zonas como Madre de Dios y Tumbes, donde las denuncias aumentaron en más de 150%. Este desplazamiento del delito confirma que la extorsión ya no es exclusiva de los grandes centros urbanos, sino un problema nacional en expansión.
Briones Silva advirtió que enfrentar este escenario requiere fortalecer la investigación de campo y la inteligencia operativa, aspectos que hoy permanecen debilitados por la falta de inversión. El repunte de denuncias, dijo, coloca sobre la agenda pública la necesidad de respuestas integrales y sostenidas, capaces de contener la sofisticación creciente de las redes criminales en el sur del país.