En el Perú, el Fenómeno de El Niño Global comenzará a afectar con mayor intensidad hasta el verano de 2027. Ello da como resultado un calentamiento generalizado del océano Pacífico ecuatorial hasta el próximo año. Sin embargo, la crisis se genera también porque los gobiernos central, regionales y locales esperan hasta la tragedia para tomar acción, pese a las devastadoras experiencias de años pasados que los peruanos estamos condenados a volver a vivir.
Esto ocurre pese a las alertas emitidas por instituciones para aminorar el impacto de El Niño, que inició en Perú desde febrero a marzo de 2026, tal como indicó el vocero de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), Luis Vásquez.
Este fenómeno termina por afectar a los peruanos como siempre, obligándonos a volver a contar muertos, damnificados y promesas incumplidas. Al final, las reconstrucciones terminan costándonos más que las prevenciones.
Mientras se advierten escenarios sin precedentes hasta 2027 por El Niño, gobiernos regionales y locales no ejecutan el presupuesto para prevenir los desastres
HISTORIA. En los últimos cinco siglos el Perú ha vivido alrededor de 120 episodios de El Niño según lo informado por el Senamhi, Indeci e investigaciones históricas. De acuerdo a Antonio Raimondi, en el siglo XIX, El Niño, como tal, es
conocido desde que las civilizaciones preincas como los Moche, Lima y Nazca se asentaron en las costas del Perú antiguo, este fenómeno ocurre por lo menos desde hace 40 000 años. Solo del siglo XX hasta antes de El Niño extraordinario de
1997-1998 ocurrieron más de 25 episodios de este fenómeno. (Ver infografías)
REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO. Pese a la evolución de El Niño y las alertas emitidas por instituciones, el Estado, en sus diferentes niveles, brilla por su ausencia dando incluso la espalda a la propia población. La situación es tan crítica que, pese a que se destinó un presupuesto a nuestro país que vivirá los estragos más intensos de este fenómeno este 2026, los gobiernos regionales y locales registran una “baja o nula” ejecución de dichos recursos, así lo advirtió la Contraloría Ge-
neral de la República (CGR).
“Es bastante crítico, considerando que hay una habilitación presupuestal. Ya se tienen que realizar los trabajos, porque aún tenemos cierto margen de tiempo para las labores de descolmatación, prevención, pero a la fecha no tenemos re-
sultados concretos”, afirmó el vocero de la CGR, Guzmán Vera, quien calificó que esta situación se debe a una “mala gestión” de las autoridades.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo, a través de un informe, reveló la preocupante reducción del presupuesto desde el 2023 hasta el 2026.
Solo entre 2024 (S/940 117 171) a 2025 (S/805 012 579), la cifra se redujo en más de S/135 millones, pese a ello, la institución alertó que la ejecución en el gasto de los gobiernos regionales fue “extremadamente bajo”. En este 2026 se reveló que el monto asignado, hasta la fecha, fue de S/408 548 869.
INDIFERENCIA. Un claro ejemplo de esta crítica situación ocurre en Arequipa. Mientras autoridades regionales y municipales celebran el aniversario de la Ciudad Blanca, la Defensoría del Pueblo reveló una ficha de supervisión (realizada del 13 al 15 de julio de 2026), en el marco de El Niño, donde se reveló que, desde la Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres, liderada por José Antonio Carrera Paulette, no ejecutó proyectos de mitigación de riesgo en ámbitos urbanos como
obras de drenaje pluvial, muros de contención, reforzamiento de infraestructura pública, sistema de alerta temprana. etc.
Asimismo, pese a tener activo un Centro de Operaciones de Emergencia (COE), no asignó recursos de este año para la descolmatación de ríos y para inversiones destinadas a la protección ante los efectos de El Niño y lluvias intensas.
“Las respuestas demuestran falencias como GORE. No hay planes de gestión reactiva, operativa ni comunitaria, y tampoco se ha asignado presupuesto, al igual que otros ítems donde no hay obras, ni mayor acción. Es preocupante”, remarcó la defensora del Pueblo, Andrea Sarayasi.
ALERTAN SANCIONES. Ante esta grave crisis de inacción, el vocero de la Contraloría señaló que en caso las autoridades regionales y locales continúen con esta situación, dando la espalda a la población, podrían afrontar procesos penales.
“Se ha comunicado a cada una de las entidades para que tomen acciones preventivas o correctivas. Hay un plazo de evaluación [y] si no toman ningún tipo de acción, evaluaremos los motivos (...) Si es que se trataría de una negligen-
cia del funcionario, hay que castigarlo, hay que sancionarlo, hay que revelarlo y pedir que las autoridades, inmediatamente, tomen acciones contra esos malos funcionarios”, remarcó Guzmán Vera.
