Eyanira Escobedo, excajera del Banco de la Nación, fue condenada a cinco años de pena privativa de la libertad, convertida en 261 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, tras aceptar su responsabilidad por el delito de peculado doloso agravado por extensión, luego de apropiarse de dinero de los bonos Mintra y Bono Familiar Universal destinados a personas en condición de vulnerabilidad durante la pandemia. Además, deberá pagar S/ 3.140 de reparación civil a favor del Estado.

La sentencia fue obtenida por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa mediante un proceso de terminación anticipada, en el que la sentenciada reconoció haber cometido los hechos cuando se desempeñaba, en 2021, como cajera de contingencia en la agencia Miraflores del Banco de la Nación.

CASO. De acuerdo con la investigación fiscal, el primer hecho ocurrió el 4 de mayo de 2021, cuando atendió a una adulta mayor beneficiaria de tres subsidios económicos acumulados. Sin que la usuaria lo advirtiera, solo le entregó el dinero correspondiente a dos bonos y se apropió de S/380.

Dos días después, la entonces cajera volvió a cometer un fraude al activar de manera irregular el cobro de un bono de S/760 perteneciente a una ciudadana que nunca acudió a la agencia. Para concretar la operación, indujo a error a su supervisora y falsificó la firma de la beneficiaria. La irregularidad fue descubierta cuando la verdadera titular intentó cobrar el subsidio en una agencia del Banco de la Nación en Juliaca.

EVIDENCIAS. Durante las investigaciones, la Fiscalía presentó videos de seguridad en los que se observa a la acusada reteniendo los comprobantes de pago y ocultando los billetes entre las hojas de un cuaderno personal. Asimismo, pericias grafotécnicas confirmaron la falsificación de firmas y los arqueos de caja evidenciaron el faltante del dinero.

Además de la condena, el Poder Judicial impuso a la sentenciada seis años y ocho meses de inhabilitación para ejercer cualquier función o cargo público, el pago de 305 días multa, equivalentes a S/2592, y una reparación civil de S/3140 a favor del Estado.