El cabecilla de la organización criminal, Juan Valencia Postigo (65), aprovechaba su cargo como dirigente de la asociación ASPRODUCTO Lucha contra la Pobreza como fachada para operar con sus compinches. La fiscal del Crimen Organizado, Dra. María Alejandra Cárdenas, manifestó que la organización criminal “lograba lucrar con la venta de terrenos que ni siquiera eran de ellos, sino del Estado y revenderlos a diferentes personas, luego los desalojaban violentamente”.
Además, Valencia Postigo no tiene antecedentes penales. Sin embargo, en su haber tendría más de 40 denuncias por usurpaciones, lesiones, violaciones a domicilios, que registra desde el 2017.
La Fiscalía identificó 35 agraviados de “Los traficantes de la pampa”, pero hay más víctimas, que eran amedrentadas y violentadas por no pagar las cuotas mensuales de S/200 a S/300, que los facinerosos exigían.
POLICÍA y JUEZ. Las víctimas denunciaban el hecho en la comisaría de San Camilo, pero estas nunca llegaron al Ministerio Público. Entre los detenidos figuran tres efectivos policiales, 2 de seguridad del Estado y 1 en retiro que prestó servicios al Ministerio Público. Los tres agentes servían como redes de protección que no dejaron progresar las denuncias.
GILMAR LUNA. Resulta que en la hipótesis de la investigación de la Fiscalía, el auge de esta organización criminal se dio en la gestión de Gilmar Luna en la municipalidad de La Joya, ya que facilitaba todos los permisos requeridos, incluso el servicio de agua y desagüe. Gilmar Luna atendía en su despacho a Juan Valencia Postigo. “El exalcalde solo recibía pedidos del líder para favorecer, pero no lucraba de la venta de terrenos. Se determinará si recibía dádivas”, dijo la fiscal.
DETENCIÓN. Según la fiscal del Crimen Organizado, Dra. María Alejandra Cárdenas, la investigación se realizó desde el 2020. La investigación durará 10 días y permitirá la verificación para una prisión preventiva. Se quiere evitar insuficiencia de medios de prueba y un peligro de procesal de fuga, que es determinante para la prisión. A pesar de tener un 90% de pruebas y si los detenidos tienen un trabajo, domicilio y no hay peligro de fuga, la prisión preventiva sería innecesaria. “Seguidamente el juez determinará si la investigación lo llevará en libertad o en prisión”, señaló la magistrada.