Luego de la liberación del expresidente Alberto Fujimori el 5 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la disposición del Tribunal Constitucional y recordó que el Perú está obligado a acatar sus sentencias.
La CIDH indició que la excarcelación de Fujimori se dio en “contravención a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos”.
También reiteró que conceder el indulto u otras exenciones de responsabilidad a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos puede generar una forma grave de impunidad.
El organismo internacional criticó el gobierno de Dina Boluarte por acatar indulto.
“El Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH. Por ello, está obligado a acatar las decisiones que esta adopte en el ejercicio de sus facultades para supervisar el cumplimiento de sus sentencias y de emitir medidas provisionales”, aseveraron.
Finalizó pidiendo al Gobierno que tomen medidas efectivas para garantizar el derecho de acceso a la justicia a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, en respeto a su dignidad. Esto en marco a los casos de Barrios Altos y La Cantuta, procesos por los cuales Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión, pero solo estuvo 16 años en el penal de Barbadillo.
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