A puertas de las elecciones subnacionales de octubre, es importante recordar que el gobierno regional y las municipalidades tienen un papel clave en la provisión de servicios públicos y la inversión en infraestructura, en coordinación con otras entidades del Estado. En Arequipa, las cifras revelan brechas que las próximas autoridades deberán priorizar.

En 2025, Arequipa registró la mayor tasa de victimización del país (33.5 %), por encima del promedio nacional (27.1 %). Frente a este escenario, es responsabilidad del gobierno regional fortalecer la coordinación con la Policía, invertir en equipamiento y contribuir a la prevención del delito.

Los desafíos de Arequipa también alcanzan la cobertura y calidad de los servicios básicos. Según el INEI, el acceso al agua retrocedió de 89.5 % de la población en 2017 a 85.8 % en 2025. Con ello, cerca de 148 mil arequipeños carecen de este servicio. No contar con agua segura incrementa el riesgo de enfermedades. Estas brechas exigen una mejor planificación y priorización de inversiones en agua y saneamiento, en coordinación con las municipalidades y las entidades prestadoras.

En salud, las brechas de infraestructura se suman a una baja cobertura de vacunación infantil. En 2024, el 91.7 % de los hospitales de segundo y tercer nivel operaba con capacidad instalada inadecuada. Además, en 2025, solo el 60.0 % de los menores de tres años contaba con vacunas básicas completas, por debajo del promedio nacional (65.8 %). Esta situación exige un gobierno regional que priorice equipamiento e infraestructura hospitalaria, además de reforzar la vacunación infantil.

En educación, mejorar los aprendizajes también requiere colegios con condiciones adecuadas para estudiar. En Arequipa, tres de cada diez locales educativos requieren ser demolidos y reconstruidos por riesgo de colapso alto o muy alto, y el 28.2 % de los 1441 locales evaluados carece de algún servicio básico. Estas carencias acompañan un retroceso en los aprendizajes: solo el 41.1 % de los estudiantes de cuarto de primaria alcanza un nivel satisfactorio en lectura y el 38.5 % en matemáticas, resultados inferiores a los de 2024.

Frente a estas brechas, el IPE junto a otras organizaciones propone que la asignación de competencias y recursos entre los tres niveles de gobierno se evalúe en función de resultados concretos en la provisión de servicios públicos. Así, se plantea crear un mecanismo independiente de evaluación del cierre de brechas, fortalecer la rectoría de la PCM para revisar y ajustar funciones cuando existan duplicidades o problemas de capacidad, y vincular parte de las transferencias y del financiamiento al cumplimiento de resultados verificables.