El miércoles 16 de julio de 1975, Arequipa vivió una noche decisiva. Más de 50 dirigentes sindicales reunidos en el local de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) votaron unánimemente por iniciar un paro general de 48 horas, en rechazo al “paquetazo” económico del gobierno militar. La resolución marcó un hito en la lucha obrera de la ciudad.
La protesta tuvo origen en las duras medidas económicas anunciadas a inicios de mes por el Gobierno de Juan Velasco Alvarado. Pese a que se ofrecieron aumentos salariales, los gremios consideraron insuficientes las compensaciones frente al alza de precios y el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores.
La FDTA, junto a otros gremios como AUPA, organizó una gran manifestación y entregó su pliego de reclamos al prefecto Edgardo Mendoza. Entre las exigencias destacaban un salario mínimo de S/250, eliminación del alza de pasajes y el control de precios. Las gestiones del Gobierno no lograron frenar la creciente tensión social.
El jueves 17, Arequipa amaneció paralizada. Aunque algunos transportistas y comerciantes intentaron trabajar, fueron enfrentados por estudiantes y manifestantes. La ciudad quedó casi inmóvil. Al mediodía, el Gobierno detuvo a los principales líderes sindicales, lo que desató aún más rechazo ciudadano.
El viernes 18, el segundo día del paro transcurrió en silencio, pero con contundencia. No hubo transporte ni comercio, y el diario Correo dejó de circular. El Gobierno decretó el Estado de Emergencia y suspendió las garantías constitucionales, enviando patrullas militares a las calles.
Finalmente, el sábado 19, el gobierno de turno cedió parcialmente. Se suspendió el alza del transporte en Arequipa, se prometió revisar el salario mínimo y se anunciaron reajustes salariales por gremio. Aunque se negó transferir el diario Correo a los trabajadores, las organizaciones consideraron que la movilización había sido un éxito.
Valentín Pacho Quispe, líder sindical, resumió el sentir popular: “Fue un éxito del pueblo de Arequipa”. La unidad entre sindicatos, pobladores y estudiantes demostró la capacidad de la ciudadanía para resistir decisiones impopulares, obligando al Gobierno a retroceder y marcando un hito en la historia sindical peruana.
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