Nuevamente el nombre de Alan García Pérez está en portadas. Esta vez porque Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, lo mencionó en una de sus declaraciones, alegando que fiscales lo ‘cercaron’ junto al periodista Gustavo Gorriti. Ante ello, los apristas aseguran que los culpables del suicidio del expresidente son Rafael Vela y Domingo Pérez.
Los defensores, del dos veces mandatario del Perú, aseguran que no hubo actos de corrupción durante el mandato de García, pese a los indicios. Si bien no fue sentenciado y cuando iniciaron las investigaciones que conllevó a una detención, el expresidente decidió acabar con su vida.
García fue alabado por su gran oratoria, su primer mandato (1985-1990) provocó una hiperinflación en el país; sin embargo, en el segundo (2006-2011) se reivindicó y destacó por el crecimiento de la economía peruana.
Durante esos cinco años de gobierno siempre mantuvo altos índices de aprobación del pueblo peruano superando a sus antecesores Alejandro Toledo y Alberto Fujimori. Su popularidad pasaba el 70 % según IPSOS y otras encuestadoras. En su último año de mandato solo logró el 50 % porque fue involucrado en actos de corrupción.
Su último gobierno gozó de respeto mundial por los tratados de libre comercio (TLC) que realizó y las obras que hizo, estas decisiones generaron conflictos socio-ambientales, se le acusó de ser el culpable político del ‘Baguazo’ donde murieron 23 policías y 10 indígenas, además de 200 heridos, según la Defensoría del Pueblo.
El ‘Baguazo’ se originó porque García promovió el TLC con Estados Unidos. Varios decretos afectaban a las comunidades indígenas de la Amazonía. El conflicto ocurrió porque la minera Afrodita pretendía ocupar una zona protegida; después de los hechos, suspendió sus actividades.
Una de sus grandes obras fue culminar un tramo de la carretera Interoceánica y el Metro de Lima. Estas involucraban a la empresa Odebrecht y se inició una investigación por lavado de activos.
Primero lo acusaron de recibir $200 000 en aportes financieros de la empresa brasileña en su campaña presidencial, esto tras una declaración de Jorge Barata, representante de la compañía de Brasil en Perú. Luego fue acusado de recibir sobornos de dicha empresa a cambio de la concesión de los tramos I y II del Metro de Lima. Las autoridades sostenían que recibió $100 000 por una conferencia en Sao Paulo y era parte de las coimas.
La otra parte del dinero ilícito fue entregado por los exfuncionarios de su gobierno Luis Nava y Miguel Atala. La Fiscalía sostiene que fueron más de $4 millones. Al respecto, García aseguraba ser víctima de una persecución política.
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