Colectivos feministas peruanos solicitaron que la justicia actúe “sin privilegios” frente a la denuncia de abuso sexual que involucra a los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, quienes fueron separados de manera indefinida por el Club Alianza Lima. La exigencia apunta a que el proceso judicial avance sin consideraciones especiales por la condición pública de los denunciados.
El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) advirtió que la violencia sexual es un problema estructural que atraviesa instituciones, poderes del Estado y espacios de alta exposición pública como el deporte. En un pronunciamiento difundido en redes sociales, la organización demandó investigaciones diligentes, sanción a los responsables y acciones de prevención efectivas para evitar que la tolerancia social y la impunidad perpetúen estos delitos.
El caso fue difundido por el noticiero argentino Otra Mañana, emitido por el canal A24, que informó que los futbolistas afrontan la causa ante la justicia argentina. La víctima, una joven argentina de 22 años, presentó la denuncia ante el Juzgado Criminal y Correccional, lo que dio inicio a las diligencias judiciales correspondientes.
Desde la sociedad civil, el Centro Flora Tristán subrayó que ninguna institución puede ser indiferente frente a estos delitos y exigió a los clubes deportivos rechazar estas prácticas y evaluar los antecedentes de sus jugadores. En la misma línea, el colectivo Las Tejedoras sostuvo que no hay ídolos por encima de los derechos humanos y recalcó que la palabra de la sobreviviente importa y que su dignidad debe ser protegida.
El Gobierno, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, calificó los hechos como inaceptables y expresó su expectativa de que las investigaciones avancen con rapidez. Este pronunciamiento se da en un contexto alarmante: entre enero y octubre del año pasado se registraron 9880 casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes en el país, mientras que en el mismo periodo de 2024 el Ministerio de Salud reportó 10 908 casos que involucraron a menores de edad, cifras que refuerzan la urgencia de una respuesta firme y sin privilegios.
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