Desde inicios del 2023 se advirtió la entrada de cerdo vivo y carne de este porcino de manera ilegal desde Bolivia a la región lo que provocó que los porcicultores disminuyan sus ventas y pierdan semanalmente S/420 mil. Este problema se dio por dos factores. La primera es que los comerciantes arequipeños ofrecen a los bolivianos pagar más por el producto a comparación de otras regiones y el segundo debido a que las casetas de control fronterizo quedaron destruidas por las protestas y hasta la fecha no fueron repuestas, así lo informó el presidente de la Asociación de Porcicultores de Arequipa (Asopora), Miguel Cuadros Calderón.
El representante explica que desde Bolivia siempre entraban camiones cargados de cerdos al territorio peruano. Sin embargo, sus principales clientes eran comerciantes de Tacna que pagaban entre S/7 u S/8 a los bolivianos. Pero, en Arequipa el precio era más caro por ello los intermediarios vieron como cliente potencial el mercado arequipeño.
“El costo de producción en Bolivia es de S/3.5, llega a desaguadero a S/7 y los intermediarios venden la carne en los mercados arequipeños a S/8 o hasta S/10. En Arequipa empezaron a pagar más por el cerdo ilegal”, refiere Cuadros.
A comparación de los porcicultores de la región, su costo de producción es más de S/11.
Entre enero y febrero solo entraban de 10 a 40 cabezas de cerdos, pero en marzo aumentaron a 1000. Cada semana ingresaban cinco camiones cuatro veces y en el Día de la Madre entraron 2000 cabezas, informó Cuadros Calderón.
INSALUBRE. El traslado de estos animales desde Bolivia a Arequipa dura de tres hasta cuatro días. Lo traen en carcasas, es decir el cuerpo del animal constituido por dos mitades, después de ir a faenas, con piel, patas, cabeza y sin vísceras. Según Cuadros debería estar refrigerado para conservar la carne, pero eso no sucede y llega la ciudad en un estado de descomposición.
Son cerca de 400 porcicultores formales en Asopora y actualmente activos son menos de 200 por el problema de la covid-19, protestas y ahora por el contrabando que los afecta. Si Bolivia gana terreno más de 7 mil familias se quedarían sin empleo, eso sin contar los otros ciudadanos que viven indirectamente del negocio. (Ver gráfico)
El presidente de la asociación pide al Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), a los alcaldes y Policía a realizar mesas de trabajo para que la situación no se agrave.
“Hablamos del tema, se quedó en una próxima reunión con Senasa, pero han pasado dos meses y no nos llaman. Igual exhortamos a los alcaldes que fiscalicen los mercados”, puntualizó.
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